Es hora de que el Gobierno cumpla la palabra dada y acuerde el traspaso de la sanidad penitenciaria

17 julio 2018
La Salud no es un privilegio. Es un derecho de todos

El Sindicato de Enfermería recuerda al PSOE que, cuando estaba en la oposición, reclamó en distintas ocasiones al Gobierno que hiciese realidad un traspaso que lleva pendiente desde el año 2004.

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado al PSOE que haga realidad su reiterada demanda cuando se encontraba en la oposición y propicie el traspaso de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias a los gobiernos autonómicos de cara a su plena integración en sus respectivos servicios de salud.

SATSE recuerda que el PSOE demandó en distintas ocasiones al Ejecutivo del ex presidente Mariano Rajoy que hiciese efectivo el mandato contenido en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y que debería haberse llevado a cabo en un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de esta norma, es decir, el 1 de diciembre de 2004.

La última de las ocasiones, apunta el Sindicato, fue cuando el PSOE presentó una Proposición no de ley aprobada en el Congreso, el pasado 20 de febrero de 2018, por la que se instaba al Gobierno a acordar con las diferentes comunidades autónomas el traspaso y una financiación suficiente para prestar la atención sanitaria a la población reclusa.

“Los socialistas, ahora responsables de los Ministerios de Sanidad e Interior, tienen en su mano acabar con una injusticia que lleva manteniéndose desde  muchos años y que está dificultando mantener una asistencia sanitaria en condiciones homologables a la que reciben el resto de los ciudadanos a través de los servicios autonómicos de salud, así como las condiciones laborales de las enfermeras y enfermeros que trabajan en las prisiones”, apuntan desde la organización sindical.

SATSE espera que en una próxima reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se acuerde iniciar el proceso de transferencia y su financiación correspondiente entre el Gobierno y las comunidades autónomas, y que éste se culmine pronto para lograr finalmente la equidad y normalización de la prestación sanitaria a las personas privadas de libertad.

En la actualidad, coexisten dos sistemas sanitarios públicos que están desarrollando sus funciones de forma paralela, duplicando, en ocasiones, recursos, y que no mantienen unos canales de comunicación y coordinación adecuados, apunta el Sindicato de Enfermería.

En lo que respecta a las condiciones laborales de las enfermeras y enfermeros que trabajan en las prisiones de nuestro país, SATSE defiende que, una vez sea transferido el personal a las comunidades autónomas, éste se convierta en personal estatutario del servicio de salud correspondiente, con la consiguiente equiparación salarial y laboral. A partir de ese momento, se negociarán sus condiciones laborales y derechos en los mismos ámbitos que el resto del personal estatutario, añade.

Salvo en las comunidades autónomas de Euskadi y Cataluña, las enfermeras y enfermeros, así como el resto de profesionales sanitarios, que trabajan en los centros penitenciarios españoles, siguen dependiendo del Gobierno estatal, concretamente del Ministerio del Interior.